Don Dinero pone las normas

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El pasado 10 de marzo, Amparo Bella y Begoña Leza, miembros del Círculo Vivienda de Aragón ofrecieron una charla informativa a todas aquellas personas interesadas, afectadas o no por estas cláusulas abusivas, atendiendo incluso algunos casos particulares.

Desde que en enero de este año el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, son muchos los ciudadanos que desconocen si sus hipotecas contienen cláusulas suelo. Tampoco saben cuál es el procedimiento que deben seguir para reclamarlas y que les sean devueltas.

 

 

«Las normas, las herramientas y los procedimientos administrativos no están hechos para proteger al ciudadano de a pie, sino al poderoso Don Dinero que maneja los hilos de las decisiones políticas en beneficio propio»

 

 

Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, una de las causas de esta crisis que todavía muchos ciudadanos están padeciendo, empezamos a descubrir no sólo que muchos grandes empresarios y lobbies se habían enriquecido con la especulación, sino que también las entidades bancarias, con el beneplácito de los gobiernos, estaban cobrando cláusulas abusivas e injustas que ahogaban la ya maltrecha economía familiar.  

Gracias a las movilizaciones ciudadanas de afectados o colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios -que frenaron muchos desahucios, renegociaron muchas deudas y denunciaron estas prácticas ilegales-, el Tribunal Supremo de España declaró estas cláusulas nulas en mayo de 2013. En 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia según la cual los bancos y cajas de ahorros están obligados a devolver el importe de dichas cláusulas desde la firma de la hipoteca.  

El Gobierno central, en enero de 2017, aprobó un Decreto-Ley, pactado con PSOE y Ciudadanos, de espaldas a las Cortes Generales, sin contar con las asociaciones de consumidores ni las organizaciones de la sociedad civil, rindiéndose de nuevo a las peticiones de las grandes entidades financieras y la Asociación Española de Banca (AEB), que solicitaban que dicha norma no se tramitase como Proyecto de Ley.

El acuerdo protege principalmente los intereses económicos de los bancos frente a los derechos de los consumidores, ya que permite a los bancos decidir unilateralmente si devuelve las cantidades de las cláusulas suelo o no, lo que se conoce como la “cláusula Sabadell”. Además, restringe la condición de consumidor establecida normativamente, olvida a los pequeños autónomos y no ofrece soluciones para quienes perdieron su vivienda con aplicación de la cláusula suelo ni tampoco para aquellos que lograron eliminar la cláusula suelo pero no obtuvieron de vuelta las cantidades cobrada ilegalmente ni para las que sí las han visto devueltas pero solo desde mayo de 2013. El Decreto, además, no obliga a informar a los usuarios individualmente sino que son estos quienes deben iniciar el procedimiento; es el banco quien calcula las cantidades a devolver y, si considera que no procede, informará al usuario poniendo fin a la vía extrajudicial. En definitiva, se da vía libre a las entidades para que decidan en qué casos quieren solucionar el asunto extrajudicialmente y en cuáles prefieren ir a juicio.

De nuevo, observamos que las normas, las herramientas y los procedimientos administrativos no están hechos para proteger al ciudadano de a pie, sino al poderoso Don Dinero que maneja los hilos de las decisiones políticas en beneficio propio. Ω

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