El Gobierno de Aragón debe hacer cambios en la política fiscal para evitar “graves desfases” puestos de manifiesto por la Cámara de Cuentas

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El ente fiscalizador auditó a 13 entidades que representan el 97% de un presupuesto de 5.831 millones de euros y el 96% del personal de la Comunidad Autónoma.

La Cámara de Cuentas revisa la contabilidad y las áreas de personal, contratación pública, gestión presupuestaria, endeudamiento y morosidad y opina sobre los estados financieros y el cumplimiento normativo.

A las consideraciones previas sobre el desequilibrio patrimonial por el endeudamiento financiero de 8.553 millones, el saldo negativo de los fondos propios, por importe de 3.309 millones, y un remanente de tesorería negativo de 532 millones, que dificultan el cumplimiento de las obligaciones a corto plazo, y tras el análisis de las cuentas, la Cámara advierte: “si los ingresos no aumentan, la Comunidad necesitará seguir endeudándose para financiar el gasto corriente o bien reducir sus gastos en, al menos, 349 millones de euros”.

Está afirmación hace pertinente la crítica a la política fiscal desarrollada por el Gobierno de Aragón durante la pasada legislatura que “profundizará” en los problemas que denuncia la Cámara de Cuentas en su informe fiscalizador del 2017.

La única manera de que a esta deuda no se sumen otros 349 millones de euros es recuperar ingresos perdidos a través de medidas impositivas progresivas y buscando ingresos a través de sectores estratégicos como puede ser en farmacia, energía o rehabilitación con la creación de empresas públicas. Resulta obvio, como indica el ente, que si los ingresos no aumentan, la comunidad necesitará continuar endeudándose y sufriendo importantes tensiones de tesorería, lo que beneficia a la banca y nos hace menos autónomos del sistema financiero privado.

Especialmente errónea ha resultado ser la casi supresión del impuesto de Sucesiones aprobada por el PSOE con el apoyo de la derecha parlamentaria en la pasada legislatura, que benefició significativamente a una minoría privilegiada a costa de mermar los recursos públicos para prestar los servicios básicos, a los que los recursos corrientes no llegaban ya con anterioridad. No debemos perder de vista que el acuerdo de gobierno para esta legislatura que comienza entre PSOE y PAR, aspira a su eliminación definitiva.

Sobre la auditoría económico-financiera de la Cuenta General, la opinión de la Cámara es favorable, ya que refleja “la imagen fiel del patrimonio y de su situación financiera a fecha 31 de diciembre de 2017” excepto por varías salvedades identificadas, como una provisión insuficiente para hacer frente a responsabilidades, que eleva de 51 millones de euros a 114 (25 millones reclamados judicialmente por Zaragoza del Convenio para la financiación del tranvía, 20 millones de posible reclamación del Estado en concepto de devolución de los fondos FITE no ejecutados y los 15 millones por el pago de prestaciones a la dependencia reconocidas y no pagadas).

Por otro lado, entre las irregularidades que “destapa” la Cámara está el incumplimiento del departamento de Hacienda del procedimiento de contratación por un importe de, al menos, 211 millones, ya que, según el informe, fueron adjudicados sin expediente administrativo ni formalización de contrato. De esta cantidad, la gran mayoría, hasta 182 millones, correspondieron a compras de farmacia hospitalaria.

Otro de los incumplimientos de legalidad del informe es el que hace referencia a los fraccionamientos de los contratos públicos.

Además, la Cámara de Cuentas señaló que el Gobierno de Aragón tampoco publicó las licitaciones y adjudicaciones de sus contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público e incumplió la obligación de comunicar a la Cámara todos los contratos. Los auditores estiman que el gasto no comunicado ascendió a 448 millones, de los que 437 correspondieron al SALUD. Un gasto que, según el informe, no aparece publicado en el Portal de Transparencia.

Sobre esta cuestión, la apuesta debe hacerse por un cambio de gestión sanitaria y la reforma de la política de contratación laboral en la función pública de forma que aporte estabilidad y evite las “peonadas” como ocurre en la sanidad pública.

El informe conocido supone un duro golpe al modelo sanitario aragonés y a sus gestores que, además, de pedir que mejore sus procesos de presupuestación, desvela algunas prácticas históricamente denunciadas, como la improvisación en la política de compras, la falta de planificación y mala gestión, el abuso de las horas extraordinarias por carencias de personal y la excesiva medicalización del sistema, entre otras.

Siguiendo con materia de personal, según el informe, el Gobierno aragonés reincidió en otros incumplimientos señalados en auditorías de años anteriores, como la existencia de complementos salariales sin cobertura normativa o el pago de complementos de productividad por 104 millones con carácter fijo cuando es un complemento variable y asociado al especial rendimiento.

En este sentido y de una manera más amplia, entre las recomendaciones finales, el órgano fiscalizador invita a aprobar una nueva Ley reguladora de la Función Pública de Aragón que desarrolle el Estatuto Básico del Empleado Público e incluya, entre otros aspectos, la estructura retributiva, la carrera profesional y los permisos y licencias de los funcionarios públicos; todo ello sin dejar de recomendar que se convoque la provisión de todos los puestos de trabajo vacantes ocupados de forma temporal mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, poniendo también control y limitaciones a la provisión de puestos por medio de las cuestionado procedimiento de las comisiones de servicio.

Una vez más se ve cómo la Cámara advierte al Gobierno que tiene que cambiar en las formas y procedimientos pero el documento demuestra el caso omiso del Ejecutivo aragonés a los informes anteriores.


Fuente de información:

http://www.camaracuentasaragon.es/informe-de-fiscalizacion-de-la-cuenta-general-de-la-comunidad-autonoma-de-aragon-2017/

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