40 aniversario de la legalización del Partido Comunista de España

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El pasado 9 de abril se conmemoraba el el 40 aniversario de la legalización del Partido Comunista de España. Un acontecimiento que, 40 años después de aquel Sábado Santo, en que la televisión y las radios interrumpieron su programación habitual para informar a las cinco la tarde de que el Partido Comunista de España había sido legalizado, nos genera sentimientos encontrados a las y los comunistas en este 2017. 

Sin duda era una noticia que justificaba la interrupción de cualquier programa, ya que  era la noticia que podía hacer creíble al mundo —y, en particular, a las y a los ciudadanos españoles— que era cierta la democracia que prometían el heredero nombrado por el dictador Franco, Juan Carlos, y su Gobierno, encabezado en ese momento por Adolfo Suárez.

Juan Carlos y, sobre todo, Adolfo Suárez, sabían que si no legalizaban el PCE (la principal y durante varios lustros única oposición real al régimen fascista que querían reformar) y le permitían presentarse a las elecciones que preveían celebrar dos meses después, la reforma del régimen hacia una democracia controlada que ellos aspiraban a implantar en nuestro país no tendría ninguna credibilidad. Es más, podría acabar en un fortalecimiento mayor del propio PCE que les obligaría a una posterior legalización en mejores condiciones para el partido.

 

Juan Carlos y, sobretodo, Adolfo Suárez, sabían que si no legalizaban el PCE, […] la reforma del régimen hacia una democracia controlada que ellos aspiraban a implantar en nuestro país no tendría ninguna credibilidad

 

Parece que eso lo tenía claro Suárez y, en mayor medida, el propio Juan Carlos, pero contaba con la oposición del llamado «bunker», el sector más puramente fascista del franquismo, y la de los militares, para los que la legalización del PCE era concebida como una traición a su victoria en la guerra que ellos mismos habían provocado; y como algo todavía peor: temían que pudiera abrirse camino la idea de un proceso democrático con fuerte presencia comunista que, entre otras cosas,  exigiera la investigación y reparación de los crímenes que ellos habían cometido en los tres años de guerra y cuarenta de represión sangrienta.

Pensemos que esta represión sirvió a la oligarquía franquista, además de para reprimir a la oposición, para poder robar de forma generalizada sin ningún tipo de obstáculo y, en muchos casos, para amasar inmensas fortunas aprovechando la represión y los negocios corruptos con el propio régimen. Si analizamos las mayores fortunas españolas actuales, podremos ver que la mayor parte de ellas se generaron durante el franquismo y, actualmente, mantienen el control mayoritario en las respectivas empresas del IBEX.

En la «Transición» el debate dentro de la oligarquía giraba, por una parte, en torno a la necesidad del capitalismo español de abrirse a Europa a través del Mercado Común y, por otra, el asegurar que un futuro sistema democrático no cuestionara los crímenes que esa oligarquía cometió durante el franquismo, ni se obstaculizara su enriquecimiento.

Un argumento fundamental de los inicios de la «Transición» fue la disputa sobre la legalización del PCE, pero: ¿qué papel tenía en ese momento el PCE y cómo había llegado a tenerlo? EL PCE se fundó en 1921 por el impacto que la Revolución Rusa de 1917 tuvo en el movimiento obrero español. Lo constituyó un sector de socialistas y algunos anarquistas que sintieron y entendieron que aquella Revolución cambiaba la correlación de fuerzas entre capital y movimiento obrero en todo el mundo. Durante los años 20 el PCE tuvo un papel muy poco significativo. Con la proclamación de la II República en 1931, el PCE tuvo una actitud relativamente fría, al considerar que era una República de inspiración pequeño-burguesa, alejada de los objetivos revolucionarios a los que el partido aspiraba, pero a lo largo de los años siguientes, el PCE fue significándose progresiva y más activamente en favor del régimen republicano y de su carácter progresista bajo la dirección de José Díaz. En 1933 el PCE consiguió su primer diputado —por Málaga— en una candidatura unitaria republicana de izquierdas. En este proceso tuvo mucho que ver el avance del fascismo en toda Europa, así como la política de Frentes Populares que impulsaron todos los partidos comunistas para frenarlo. Tras la «Revolución de Asturias», de fuerte carácter antifascista y obrero y, después de la salvaje represión del ejército dirigido por Franco a las órdenes del gobierno derechista de ese momento, el PCE trabajó activamente en la constitución del Frente Popular en España y de su posterior victoria. Tras la victoria del Frente Popular, el PCE se implicó en el apoyo a los gobiernos del Frente y, cuando estalla el golpe fascista el 18 de julio del  36, se lanza junto al resto de organizaciones obreras y populares a parar ese golpe, lo que se consiguió en las grandes ciudades y zonas industriales.  En ese momento aún era un partido pequeño, pero cada vez más activo e influyente.

 

Si analizamos las mayores fortunas españolas actuales, podremos ver que la mayor parte de ellas se generaron durante el franquismo y, actualmente, mantienen el control mayoritario en las respectivas empresas del IBEX

 

A lo largo de la Guerra Civil el tamaño del partido no dejo de crecer y su influencia fue, por diversos motivos, cada vez mayor; sobre todo, por su alto nivel de organización interna, por contar con importantes ejércitos propios dirigidos por líderes de gran reconocimiento popular como Enrique Lister o el «Campesino», por el apoyo de las Brigadas Internacionales (mayoritariamente comunistas) y por contar con el soporte del único gobierno que realmente apoyaba a la República: el Gobierno soviético. De tal manera que, al final de la guerra, el PCE era el principal sostén del gobierno del socialista Negrín; ambos defendían la necesidad de continuar con el conflicto bélico en España porque era evidente que estallaría la guerra en Europa y, si el fascismo era, a la postre, derrotado en Europa, también lo sería en España. Finalmente, un golpe interno en Madrid dirigido por Segismundo Casado, con el socialista Julián Besteiro y algunos grupos anarquistas, entregaron Madrid a Franco y acabaron con la resistencia española contra el fascismo. Lamentablemente, un golpe inició la guerra y otro la terminó. En ambos casos el discurso era evitar que España cayera en manos de los comunistas.

Tras la guerra, llegó una represión brutal en la que murieron y fueron asesinados, encarcelados, a veces hasta la muerte (como en el caso del poeta republicano Miguel Hernández), decenas de miles y miles de demócratas, muchos de ellos comunistas. El anticomunismo era la bandera del régimen franquista y lo fue durante toda su duración.

Desde un primer momento el PCE organizó células de resistencia. Tras finalizar la II Guerra Mundial, comunistas que habían participado en las resistencias antifascistas en Francia y otros países volvieron a España intentando organizar el «Maquis». Pero tras un intento, en el que no consiguieron movilizar a sectores importantes, el PCE apostó por la lucha en los frentes sindicales y en organizaciones populares. Ya en 1947 se produjo la primera huelga en Barcelona, impulsada por lo que sería posteriormente el Sindicato Comisiones Obreras.

A lo largo de los años 50 el movimiento se refuerza. El PCE apuesta por la lucha sindical y social y la construcción de un frente amplio para la formación de un Gobierno Provisional unitario y popular. Progresivamente se va haciendo hegemónico en los sectores antifranquistas y conoce momentos de gran fuerza simbólica como el asesinato de Julián Grimau por el franquismo, o los años de cárcel de Marcos Ana o Marcelino Camacho, o el Proceso 2001 contra CC.OO.

 

Marcelino Camacho se abstuvo en la votación en el Comité Central sobre la aceptación de la monarquía y la bandera, lo que en ese entorno de organización procedente de la clandestinidad equivalía a un voto en contra, a un voto de rechazo a esa monarquía y a esa bandera del régimen

 

En los años 60 y primeros 70s, el PCE era el gran partido de oposición y CC.OO. era un sindicato donde confluían comunistas junto a independientes, con una presencia mayoritaria en todas las grandes empresas, hasta el punto de que, en 1975, en la Elecciones Sindicales del franquismo, las candidaturas de CC.OO. ganaron las elecciones, pese a que CC.OO., dirigido por Marcelino Camacho y, por supuesto, el PCE, seguían siendo ilegales. Entre tanto, Santiago  Carrillo y su dirección política habían evolucionado hacia el llamado «Eurocomunismo», amparándose, de alguna forma, en el pretexto de la represión soviética de Praga; habían roto con la URSS y habían llevado de forma paralela al partido desde el leninismo revolucionario —según el cual «el estado [burgués] no puede reformarse, sólo puede destruirse» (Lenin)— a la que, desde una perspectiva actual, constituía una opción propiamente socialdemócrata. Este eurocomunismo asumía la posibilidad de reforma del capitalismo, así como la imposibilidad de una salida revolucionaria, lo que rompía de forma radical con los postulados comunistas.

Así estaban las fuerzas al finalizar el año 1976. Evidentemente, había, además, una pequeña oposición liberal democrática: el nuevo PSOE —creado en Suresnes (Francia) con apoyo internacional— y unos pequeños partidos a la izquierda del PCE: comunistas de inspiración maoísta (como el MCE), o trotskista (como la LCR), todos ellos muy críticos con la evolución eurocomunista del PCE. A lo largo de 1976 habían sido legalizados los partidos liberales, el PSOE y otras minorías socialdemócratas. Pero permanecía entre los herederos del régimen franquista el debate sobre la legalización del PCE.

 

Un entramado corrupto que, heredado del franquismo, la «Transición» no sólo no impidió, sino que ha mantenido hasta ahora

 

En medio de esa situación, el 24 de enero de 1977, un grupo de fascistas vinculados a los sectores más reaccionarios del régimen, asesinaron a cinco abogados de CC.OO. y del PCE e hirieron a otros cuatro. La reacción popular fue de estupor y de rabia. Importantes sectores del régimen temieron que pudiera ocurrir lo que había ocurrido dos años antes en Portugal, el 25 de abril, donde los represores fueron exhibidos públicamente y las masas abrieron las cárceles,  acompañando a los militares demócratas. Más de un millón de personas participaron en el funeral en Madrid, en el que el PCE hizo una demostración de fuerza social inmensa. El régimen asustó a la población con la posibilidad de un golpe militar si había revueltas, una muestra de su propio miedo a la respuesta popular; pero la dirección de Carrillo no lanzó la consigna de liberar a los presos y ocupar las comisarias, sino la del silencio responsable.

  Muy probablemente, el régimen fascista respiró tranquilo. El PCE o, mejor, la dirección carrillista, sería «responsable», no pondría en riesgo los cambios cosméticos que los sectores aperturistas del franquismo pretendían: mayores libertades políticas y algunas mejoras sociales a cambio de no cuestionar la estructura corrupta y criminal del régimen. El 9 de abril de 1977 Suárez anuncia la legalización del Partido Comunista de España.

Después, el 14 de abril, el PCE, encabezado por Santiago Carrillo, asume los símbolos representativos del Estado: la bandera constitucional y la monarquía parlamentaria como forma de Gobierno. Este cambio de orientación tuvo resistencias internas; Marcelino Camacho, por ejemplo, se abstuvo en la votación en el Comité Central sobre la aceptación de la monarquía y la bandera, lo que en ese entorno de organización procedente de la clandestinidad equivalía a un voto en contra, a un voto de rechazo a esa monarquía y a esa bandera del régimen. Sin embargo, estas resistencias no fueron capaces de impedir que el PCE contribuyera a la reforma del nuevo Estado y renunciara a la ruptura democrática. La línea de Carrillo se impuso y el PCE participó en el juego según las reglas impuestas por aquella oligarquía fascista contra la que había luchado durante más de cuatro décadas y por la que los comunistas habían sufrido las peores represiones y persecuciones al ser considerados la parte más consciente y avanzada de la lucha del pueblo contra el franquismo.

A partir de ese momento, suceden muchas cosas que sabemos y otras que vamos descubriendo día tras día. Sabemos, por ejemplo, que el PCE, el gran partido antifranquista, obtuvo 21 diputados en las elecciones de junio de 1977; se firmaron los Pactos de la Moncloa, que intentaban pacificar la lucha de un movimiento obrero muy fuerte y combativo; se desactivó el movimiento vecinal; el PCE entró en sucesivas crisis internas y divisiones; vivimos el «golpe» de timón involucionista del 23-F; el PSOE ganó las elecciones en octubre de 1982; nos «metió» definitivamente en la OTAN tras el «sí» de un referéndum propagandísticamente manipulado; precarizó las relaciones laborales; nos metió en la CEE a cambio de convertir a España en un país de sol y ladrillo... Y, sobre todo, la oligarquía franquista mantuvo todo su poder económico intacto; los muertos por defender el Gobierno legítimo de la Republica siguen en las cunetas; y la policía franquista continuó intacta.

A la vez, el nuevo régimen vendió la «Transición» española como modélica, como ejemplo de reconciliación… Claro, sin decir que se basaba en que la parte reprimida seguiría no sólo sin ser resarcida de las consecuencias de esa represión, sino sin ni siquiera reconocerse su carácter de represaliada.

¿Y qué hizo el PCE? El PCE se autoconvenció de que había conseguido aquello por lo que había luchado, que sus renuncias habían traído a España la democracia. Una democracia que —pensó— era modélica. Eso sí, muchos comunistas abandonaron la militancia como consecuencia de estas renuncias.  Años después, Julio Anguita inició un proceso de autocrítica sobre el papel de la dirección del PCE en la «Transición», recuperó el republicanismo e inició la denuncia del sistema oligárquico heredado del franquismo. Por eso le acusaron de mesianismo y de estar  fuera de la realidad.

Años más tarde (en 2011), aconteció el 15-M y hoy el PCE, junto a la voz de Alberto Garzón (quien para muchos de nosotros es el más importante líder comunista actual no sólo en España, sino también en  Europa), afirmamos que es difícil saber si hicimos todo lo que pudimos o pudimos hacer más en los momentos claves de la «Transición»; pero, desde luego, cometimos un error al asumir como gran avance lo que conseguimos cuando, en realidad, estaba muy lejos de nuestros objetivos.

Algunos nos atrevemos a ir más lejos; ahora sabemos que, pese a los cambios que se vivieron en la «Transición», el poder real, el económico y el de las cloacas del Estado permanecen en casi las mismas manos. Pensamos que de alguna manera la dirección no fue capaz de insuflar valor suficiente a la lucha de los miles de comunistas que mantuvieron la bandera de la dignidad, de la justicia y de la libertad contra un régimen político criminal. Creemos que renunciamos a demasiado por unos cambios que inevitablemente tenían que producirse por las propias contradicciones del régimen, pero, sobre todo, por la lucha de los movimientos populares, en los que el protagonismo de los comunistas era proverbial en todos los ámbitos de oposición: obrera, social, cultural…

Mientras, el régimen oligárquico postfranquista, como se puede comprobar día a día en los cambalaches entre del poder económico y el político, continúa: empresarios que se enriquecen a costa de contratos amañados con las administraciones y de políticos que se enriquecen a base de «maletines» procedentes de esos empresarios. Un entramado corrupto que, heredado del franquismo, la «Transición» no sólo no impidió, sino que ha mantenido hasta ahora.

Esperemos que en esta nueva crisis del régimen sepamos romper ese entramado. No fuimos capaces de hacerlo en la «Transición», aunque creo sinceramente que el PCE actual, con Garzón como máximo exponente, estamos trabajando de la forma correcta para intentar desmantelarlo. Confío en que, dentro de poco tiempo, podamos conocer  un nuevo proceso constituyente popular que nos libre por fin del «Luis, sé fuerte»; del «espero se acaben pronto los líos»; de «compiyoguis»; de clanes que se espían mutuamente en Colombia; de Gürtel; de Púnica; de Canal de Isabel II... Esperemos poder acabar con la insoportable vergüenza de tanta connivencia política con los delincuentes: con los presuntos y con los confesos. Ω

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