La memoria histórica democrática, una deuda pendiente

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Juan Ramón Villanueva Herrero. Historiador

Juan Ramón Villanueva Herrero | Historiador

“El juez Baltasar Garzón en su extenso sumario de 152 páginas desgranaba todos los argumentos jurídicos para juzgar al franquismo como régimen genocida”

Como señalaba Paul Preston, “la recuperación de la memoria es crucial”, no sólo por lo que supone de rehabilitación de las víctimas del franquismo, sino, también, para reafirmar los principios cívicos de nuestra democracia y, de este modo, hacer frente al llamado “revisionismo histórico”, esa visión tendenciosa de nuestro pasado que, desde una posición benevolente, cuando no de abierta afinidad,  minimiza la magnitud de la represión franquista y exalta los “logros” de la dictadura.

Y, siendo esto tan obvio, lo cierto es que, a fecha de hoy, las políticas públicas de la memoria siguen siendo una deuda pendiente de saldar. Fue durante la excesivamente idealizada Transición cuando se produjo un “pacto de silencio”, una amnesia interesada que, en aras a una supuesta reconciliación, se negó la posibilidad de recuperar la memoria y la dignidad de las víctimas del franquismo, sino que se creó una estructura de impunidad, cuyo ejemplo evidente es la preconstitucional Ley 46/1977 de Amnistía. Dicha ley ha contado, desde siempre, con el rechazo de la jurisprudencia internacional  y de las organizaciones de derechos humanos dado que la legislación penal internacional, que España incumple sistemáticamente, impide la aplicación de autoamnistías a los delitos de crímenes contra la humanidad, consideración jurídica que tienen los cometidos por el franquismo y que, en consecuencia, resultan penalmente imprescriptibles y no amnistiables. Los repetidos incumplimientos por parte de España hizo que el Comité de Derechos Humanos de la ONU amonestase a nuestro país el pasado 5 de enero de 2009.

Si la derecha era impensable que impulsase de forma decidida políticas públicas de la memoria, imbuida como estaba de sectores donde prevalecía un franquismo sociológico latente, el PSOE, sobre todo durante los gobiernos de Felipe González  (1982-1996), lamentablemente, dejó pasar la oportunidad de cumplir su responsabilidad y deber histórico que legítimamente le correspondía  de saldar la deuda de verdad, justicia y reparación que reclamaban las víctimas de la dictadura, excepción hecha de la Ley 37/84, que reconocía los derechos y servicios de los militares leales a la República.

No obstante, tuvo que ser la Ley 52 /2007, de la Memoria Histórica, ya durante el Gobierno socialista de Zapatero, la que supuso un claro avance, aunque insuficiente, en esta materia.  Dicha ley contemplaba aspectos positivos, tales como mejoras de prestaciones a las víctimas, la cuestión de las fosas comunes, la supresión de los símbolos franquistas, la concesión de la nacionalidad española a los voluntarios de las Brigadas Internacionales o la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. En cambio, la Ley 52/2007 no tuvo el coraje político de acometer el pleno reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, lo cual suponía la declaración de ilegalidad y la derogación de todas las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra y demás tribunales franquistas, como el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Responsabilidades Políticas o el Tribunal del Orden Público.

Pero si la Ley 52/2007 se quedó corta en sus aspectos jurídicos, la iniciativa del juez Baltasar Garzón y su Sumario 53/2008 E sobre los crímenes del franquismo supuso un rayo de esperanza para las asociaciones memorialistas y para las víctimas y sus familias que, por vez primera, fueron escuchadas en sede judicial. Garzón, en su extenso sumario de 152 páginas desgranaba todos los argumentos jurídicos para juzgar al franquismo como régimen genocida por haber aplicado de forma sistemática detenciones ilegales y desapariciones forzadas de personas: 152.237 denuncias de desaparición y la existencia de 2.800 fosas comunes dan una idea de la magnitud generalizada de la represión franquista. Con arreglo al principio de legalidad penal internacional aplicable a los crímenes contra la humanidad de la dictadura, Garzón instaba a la aplicación, con todos sus efectos, de la Justicia Universal que España asumió, no lo olvidemos, en 1985 y así poder juzgar los crímenes franquistas y los victimarios de los mismos. Además, de incluir duros datos y testimonios de la represión ejercida sobre los vencidos, el Sumario 53/2008 planteaba otros aspectos tales como el de los niños robados del franquismo, otro de los crímenes cometidos por la dictadura amparados por lo que Garzón calificaba como “andamiaje pseudo-jurídico del régimen.

Las consecuencias del Sumario de Garzón son conocidas: las fuerzas conservadoras de la judicatura, con el apoyo de la derecha política y de los medios de comunicación afines, lograron el procesamiento e inhabilitación de Garzón, lo cual ha dejado en evidencia, como señalaba la Federación Estatal de Foros de la Memoria, no sólo la plena vigencia del sistema jurídico español de impunidad a la hora de juzgar los crímenes franquistas, sino, también, la indefensión legal de las víctimas.

Pese a tanta adversidad, y ante el bloqueo existente en los tribunales españoles, las asociaciones memorialistas decidieron, como única vía para buscar justicia ante tanto oprobio y olvido, internacionalizar sus demandas  por lo que el 14 de abril de 2010, presentaron una demanda judicial ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires a cuyo frente se halla la jueza María Romilda Servini de Cubría: se iniciaba así la llamada “Querella Argentina”.

Mientras se abría una esperanza en los tribunales argentinos, en España, la vuelta al poder en el 2011 del PP supuso una involución evidente en relación a los avances impulsados por el Gobierno Zapatero. De este modo, el nuevo ejecutivo de Rajoy paralizó (que no derogó) la Ley de la Memoria Histórica, suprimió la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil  y la Dictadura en 2012, limitó la aplicación por parte de los tribunales españoles de los principios de la justicia universal. Lo mismo podemos decir de las comunidades autónomas gobernadas por la derecha, como era el caso de Aragón, donde el Gobierno PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi suprimió el Programa “Amarga Memoria”. Asistimos pues, desde entonces, a un auténtico “eclipse ético” por parte de las políticas conservadoras en relación a la memoria histórica democrática.

En la actualidad, las principales reivindicaciones de las asociaciones memorialistas están recogidas, tras la reciente celebración del II Encuentro Estatal de colectivos  de Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo (Madrid, 21 mayo 2016) en la llamada “Carta de Vicálvaro” y que demanda que en la próxima legislatura se elabore una Ley de Reconocimiento y protección integral a las Víctimas del franquismo y en la que se establezca la condena de la dictadura como régimen criminal, que reconozca los derechos de Verdad, Justicia y Reparación en los términos exigidos por los tratados internacionales, que proteja eficazmente a todas las víctimas y que declare la nulidad de pleno derecho de todas las acciones legales de carácter represivo del régimen franquista, así como de toda aquella legislación que garantice la impunidad de los crímenes franquistas.

Esperemos que, tras cuatro décadas de legalidad constitucional, ante la inacción de la derecha y los titubeos de una parte de la izquierda representada por el PSOE, las fuerzas políticas progresistas sean capaces de saldar esta deuda que, todavía, tiene nuestra sociedad con la memoria histórica democrática, pues ello resulta una elemental cuestión de justicia reparadora. Ω

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