Horas extraordinarias no pagadas: explotación laboral

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Explotación laboral

Inmaculada Barco. Jorge Tabuenca. CCOO

156.000 empleos robados por horas extraordinarias que no se cobran.

Según un informe realizado por CCOO la mayor parte de las horas extraordinarias realizadas en España no sólo no se están pagando, sino que tampoco se están compensando con los descansos pertinentes.

Esta situación no solamente es ilegal respecto a los derechos y los intereses individuales de cada trabajador o trabajadora que trabaja gratis, sino que es injusta e insolidaria para el resto de la sociedad ya que podrían crearse 156.000 empleos si no se realizasen estas horas y, a la par, una pérdida general de ingresos en las arcas de la seguridad social.

Según este informe “la crisis ha provocado que en todos los sectores haya aumentado la proporción de horas extras no pagadas en relación al total de horas extras, en la medida que iban cayendo las horas extras pagadas. En 2008 las horas extras no pagadas eran minoría en los cuatro grandes sectores, aunque en los servicios ya suponían el 47% de las horas extras trabajadas. En 2015 las horas extras no pagadas han ganado peso en todos los sectores, aunque solo en los servicios han pasado a ser mayoría: el 60% de las horas extras del sector servicios no se pagan.”

El perfil laboral de las horas extras no pagadas se centra en el sector privado, más específicamente en el sector servicios (comercio, hostelería, banca, etc.), y no afectan exclusivamente en la contratación laboral temporal o a tiempo parcial. De hecho, esta práctica ilegal, se concentra sobretodo en los empleos con jornada a tiempo completo y con contrato indefinido.  Aunque, no nos llevemos a engaño, tras la prohibición en 2013 de realizar horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, éstas se esconden tras la denominación de “horas complementarias”, que ocultan una realidad mucho más grave que analizaremos en otro momento.

Cabe recordar, que la prestación de trabajo en horas extraordinarias siempre es voluntaria (salvo que se haya pactado lo contrario en el contrato de trabajo o convenio colectivo), y que el  número de horas trabajadas no podrán ser superior a 80 horas anuales o el resultante proporcional correspondiente si la jornada acordada es inferior a la jornada general de la empresa.

A pesar de la obligatoriedad, nos encontramos innumerables ocasiones en las que las empresas no realizan un registro de jornada.  Desde la reforma laboral de 2013, el control horario es obligatorio en los contratos a tiempo parcial, realizándose un registro diario por cada trabajador y totalizándolo mensualmente, entregando copia al trabajador junto con el recibo de salarios del resumen de todas las horas realizadas cada mes.  Los empresarios que tengan trabajadores con contrato a tiempo parcial están obligados a conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada un mínimo de 4 años.  El incumplimiento de esta obligación puede conllevar a la obligación de la transformación de contratos a tiempo parcial en contratos a jornada completa.

¿Qué ocurre con los contratos a jornada completa?   Si bien no existe una redacción normativa tan clara como en el caso de los contratos a tiempo parcial, la inspección de trabajo, en su plan de control 2016 está exigiendo a las empresas el registro horario de los trabajadores a tiempo completo.  Esto se debe al cambio de interpretación del artículo 35.5 del Estatuto de los trabajadores a raíz de las numerosas sentencias que concluyen que sólo puede realizarse un control efectivo de la existencia de horas extraordinarias si se lleva a cabo el registro de la jornada diaria de cada trabajador.

Además de las exigencias legales a las empresas, debemos concienciarnos de la exigencia moral de la clase trabajadora.  Nos quejamos de que nuestros hijos no encuentran trabajo y nosotros estamos trabajando gratis. No podemos admitir, bajo ningún concepto, que se realicen trabajos sin remunerar. No sólo va en perjuicio del propio empleado, sino que se extiende a nivel general debilitando los derechos laborales conseguidos después de arduas negociaciones y grandes movilizaciones de la clase trabajadora, y tanto esfuerzo está costando mantenerlos.

Esta labor de concienciación debería ser reforzada con una mayor implicación de las administraciones públicas aumentando los recursos en materia de inspección y de control de las empresas, velando por el cumplimiento y la defensa de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores. Ω

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