In memoriam a Berta Cáceres

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Se cumple un año del asesinato de Berta Cáceres, líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña, asesinada después de años recibiendo amenazas.


 

La mañana del 3 de marzo de 2016, un sicario  dio una patada en la vivienda de Berta Cáceres, entró y la mató, hiriendo gravemente, además, a Gustavo Castro, que se encontraba en ese momento con ella.

Si lo vemos desde España, nos parece extraño que un pistolero entre tranquilamente en una vivienda y mate a su propietaria a sangre fría. Y nos preguntamos, ¿quién era Berta Cáceres y por qué querría alguien asesinarla?

Berta Cáceres nació un 4 de marzo de 1971 en Honduras, en el seno de la comunidad indígena Lenca.  Creció, tal como ella afirmaba, en un hogar dirigido por su madre, quien trabajaba en la defensa de los derechos humanos. Era partera, enfermera y alcaldesa y, en la peor época de la represión de los 80, se dedicó a atender la salud de las refugiadas salvadoreñas.

Inició su actividad política a los 16 años en la Guerra Civil salvadoreña.  Siguiendo a su novio, el activista Salvador Zúñiga, cruzó la frontera y ambos se unieron al FMLN en 1988. Tras los acuerdos de Paz de El Salvador, ambos regresaron a Honduras para fundar el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, cuya lucha estaba centrada en la defensa ambiental y la reivindicación de la comunidad indígena.

Su divorcio la dejó sola al frente de COPINH. Su lucha la de-sarrollaba participando en redes regionales, apelaba a la solidaridad internacional e intercambiaba experiencias con otros movimientos de toda América Latina. Frenó la labor de algunos aserraderos y creó talleres para hombres y mujeres lencas convirtiendo al COPINH en un importante lugar de encuentro de muchas comunidades.

En 2009, tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, se aprobó en Honduras la Ley de Aguas, que otorgó concesiones sobre los recursos hídricos, y el decreto 233, que derogaba todos los anteriores decretos que prohi-bían proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas. El territorio del pueblo Lenca en Honduras se vio afectado por la construcción de diecisiete represas en su territorio. El gobierno de Roberto Micheletti adjudicó a la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA) la concesión para construir tres represas en el río Gualcarque. Este proyecto hidroeléctrico, denominado «Agua Zarca», obtuvo financiación del Banco Centroamericano de Inversión Económica, además de fondos finlandeses y holandeses que promueven la producción de energías limpias. En el proyecto se preveía respetar el caudal mínimo, lo que propició su calificación como proyecto de energía limpia para los inversores internacionales. Este proyecto está ubicado a pocos kilómetros de la Reserva de Vida Silvestre Montaña Verde y, para la población Lenca, ese río representa el espacio en el que viven los espíritus de las niñas indígenas.

DESA subcontrató el proyecto con la empresa china «Synohydro», que fue acusada por las comunidades locales de invadir sus tierras sin consulta previa. Así, el COPINH, capitaneado por Berta Cáceres, logró expulsar a esa empresa china, la cual, al aumentar el conflicto social, rescindió su contrato y se retiró.

DESA, al retirarse los chinos, subcontrató con la empresa «Copresa», acusada en El Salvador de un fraude contra el Estado de doce millones de dólares.

Durante el año 2011, autoridades gubernamentales y del Grupo DESA se trasladaron al territorio Lenca para convencer al pueblo indígena de la aceptación del plan hidroeléctrico. Los Lencas, no obstante, siguieron rechazándolo. Aun así, las obras comenzaron. Las comunidades Lencas, con Berta Cáceres a la cabeza, denunciaron la violación del Convenio 169 de la OIT (firmado por Honduras en 1995) al no existir una consulta previa e informada.

Desde el inicio de las obras en 2013 se les prohibió la utilización de las aguas del rio Gualcarque. Esta presa, tal como declaró Berta Cáceres a la BBC, significaría desplazamientos forzosos e impediría el desarrollo de sus actividades agrícolas, ya que el río dejaba de ser de las comunidades para pasar a manos privadas. El 1 de abril de ese mismo año comenzó una movilización para cortar la carretera que conducía a la construcción de las presas. Berta Cáceres y otros activistas empezaron a recibir amenazas de las que responsabilizaban a DESA y a las fuerzas de seguridad hondureñas. Según Global Witness, tres líderes lenca murieron asesinados durante esta campaña. Uno de ellos fue Tomás García. El militar que le disparó fue detenido durante unos días y después puesto en libertad.

En diciembre de 2013, debido a un informe de la CAO, mecanismo que tiene la sociedad civil para defenderse de proyectos respaldados por los organismos del Banco Mundial que se ocupan del sector privado (la Corporación Financiera Internacional y Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones), se logró que estas instituciones abandonaran la financiación activa del proyecto.

El proyecto «Agua Zarca» se detuvo de momento, pero DESA amenazaba con construir en otro punto aguas arriba del río. Además de ése, surgió otro programa hidroeléctrico —el «Blue Energy»— sobre el rio Cangel financiado, esta vez, con capital estadounidense y canadiense y del que Berta Cáceres asegura a la BBC haber recibido múltiples amenazas.

Debido a las reiteradas coacciones recibidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide al Estado hondureño medidas cautelares para proteger a Berta Cáceres.  Un informe de la ONG Global Witness (¿cuántos más?) señalaba a Honduras como el país con más asesinatos per cápita de defensores del medio ambiente en el mundo, con 111 asesinatos entre 2002 y 2014.

En abril de 2015, esta lucha le vale a Berta Cáceres el Premio Medioambiental Goldman, considerado como el Premio Nobel del Medio Ambiente.

Y, tal como indicábamos al principio, el 3 de marzo de 2016, cuando Berta Cáceres estaba en su casa con Gustavo Castro, conocido activista mexicano, unos asesinos la asaltaron y acabaron con su vida.

Su muerte causó indignación en todo el mundo. Estados Unidos, la ONU, el Vaticano y Venezuela exigieron el inmediato esclarecimiento del crimen. Amnistía Internacional inició una campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno hondureño el esclarecimiento de este homicidio y que se tomasen medidas para garantizar la seguridad de sus familiares, de otros miembros del COPINH y de otras organizaciones en defensa de los derechos humanos.

Tal como indica Gustavo Castro en un artículo aparecido en El País: «Berta no luchó por un río, su trabajo no era local. Murió por algo de lo que todos somos responsables: por la biodiversidad del planeta.» Ω

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