La ley ante el derecho a decidir

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Me limitaré a acoger la doctrina del Tribunal Constitucional, que no deja de ser la mía propia, que ya se pronunció de manera nítida en esta materia en su Sentencia 42/2014, de 25 de marzo, en la que se analizaba la impugnación por el Gobierno de la Nación contra la Resolución del Parlamento de Cataluña que aprobaba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del “pueblo” de Cataluña.

Dicho Parlamento acordaba en su Resolución algunos principios como, en primer lugar, que el “pueblo” catalán tenía carácter de sujeto soberano; en segundo lugar, afirmaba la legitimidad del derecho a decidir en el seno de la sociedad catalana (sin tener en cuenta la legitimidad del resto de los españoles de otras Comunidades Autónomas del Estado español); y en tercer lugar, garantizando la cohesión social y territorial de Cataluña, como un solo “pueblo”, es decir, se planteaba el derecho a decidir de Cataluña sin contar con el resto de España, y sin embargo la propia Resolución del Parlamento catalán no permitía la secesión dentro de Cataluña; a modo de ejemplo, y en términos teóricos, Cataluña por sí sola se reputa soberana, sin contar con el resto de España, pero el Parlamento catalán no permite ejercer ese derecho a decidir a “partes”, comarcas, o ciudades de Cataluña (se podría pensar en el derecho del Valle de Arán a independizarse de Cataluña; o la posibilidad hipotética de Barcelona como una ciudad autónoma, al igual que Ceuta y Melilla). El TC en su citada Sentencia 42/2014, invoca, como no podía ser de otro modo la Constitución de 78, que parte de la unidad de la Nación española, que se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional. Y esta unidad se traduce en una organización -el Estado-  para todo el territorio nacional. En definitiva, el reconocimiento al “pueblo” de Cataluña (inexistente “pueblo catalán”; concepto sobre el que luego volveremos) de la cualidad de soberano, resulta incompatible con la Constitución Española, de lo que se infiere, continúa la Sentencia del TC que en el marco de la Constitución, una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un Referéndum de autodeterminación para decidir sobre su independencia frente a España. A la misma conclusión llegó el Tribunal Supremo del Canadá en su Dictamen de 20 de agosto de 1.988, en el que se rechazó la adecuación de un proyecto unilateral de secesión de Quebec, tanto a su propia Constitución, como a los postulados del Derecho Internacional. Concluye la Sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, que extractamos y analizamos aquí, que la cláusula primera de la Declaración del Parlamento de Cataluña, que proclama el carácter de sujeto político y jurídico soberano del “pueblo de Cataluña” deber ser considerada inconstitucional y nula. No obstante, respecto al derecho a decidir, establece la doctrina del TC, que sí cabe una interpretación constitucional, como aspiración política de Cataluña, si bien a dicha aspiración sólo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional, en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución. En este sentido, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, y por ende, el Parlamento de Cataluña, tienen reconocida por nuestra Carta Magna, la iniciativa de reforma constitucional, y pueden formular una propuesta en tal sentido, y el Parlamento español deberá entrar a considerarla. Ahora bien, todos somos conocedores de que el Título X de la Constitución exige, en la materia que nos encontramos, que la revisión constitucional se apruebe por una mayoría de dos tercios de cada Cámara (Congreso y Senado), a lo que sigue una disolución inmediata de las Cortes, convocatoria electoral, y una vez elegidas las nuevas Cortes, los diputados y senadores electos, tras su estudio, deben ratificar la decisión de reforma constitucional, cuyo nuevo texto constitucional reformado, deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras, los parlamentarios del Congreso y Senado recién electos. Finalmente, aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum del conjunto del pueblo español, para su ratificación. Por lo tanto Cataluña tiene una vía constitucional para alcanzar sus aspiraciones políticas secesionistas, pero ni cabe una declaración unilateral de independencia, ni es conforme a la Constitución el referéndum convocado por algunas fuerzas políticas catalanas para el 1 de octubre de 2017. Para concluir, y al margen del Derecho interno español, debemos tener presente que el derecho a la secesión frente a la integridad territorial de un Estado, en el Derecho Comparado y en el Derecho Internacional, esencialmente en las Resoluciones 1514 y 1541 de la Asamblea General de la ONU, sólo se justifica en situaciones especiales, en las que se produce una grave injusticia que sólo se puede remediar a través de la independencia (Ferreres Comella, Catedrático de Derecho Constitucional, Universitat Pompeu Fabra); ejemplos de lo anterior son el proceso descolonizador de los Estados africanos y asiáticos, en los años sesenta del siglo pasado,  en el contexto de la condena al colonialismo por la Resolución 1514; o siguiendo a la Resolución 1541, en función de dos criterios básicos: la existencia de diferencias étnicas y culturales y la separación geográfica entre la colonia y la metrópoli. Bajo dichos parámetros se había declarado ya, la independencia de Vietnam frente a Francia, y se había producido la independencia de la India frente al Imperio Colonial Británico. Por eso el concepto de “pueblo” hay que conceptuarlo exclusivamente en los anteriores contextos. También los pueblos sujetos a dominación extranjera han sido objeto de protección por las Resoluciones de Naciones Unidas, como son el caso de la invasión soviética de Hungría y la ocupación china del Tíbet en los años 50. Siendo el caso que tenemos más presente y cercano, la anexión del Sahara Occidental por Marruecos en 1975, con el pueblo saharaui dejado de la mano de Dios en un inhóspito desierto. Termino señalando que el derecho a la autodeterminación ha sido pretendido en dos regímenes políticos muy significativos, el Partido Obrero Nacionalsocialista Alemán en 1920, que reclamaba la unificación de los alemanes en un único estado, invocando ese derecho. Y poco después, la Constitución de 1924 de la Unión Soviética, fue la primera en el mundo que reconoció este derecho, que nunca se llegó a ejercer.

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