El derecho al agua vs. El negocio del agua

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Durante esta primavera, los amigos y compañeros de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) recorrieron varias localidades del Bajo Aragón y Matarraña en bicicleta para informar a la ciudadanía lo que se esconde detrás del Impuesto de Contaminación de las Aguas. Hemos podido comprobar cómo, en la ciudad de Zaragoza, las movilizaciones ciudadanas se intensificaban desde el pasado otoño, llegando a presentarse más de cuarenta mil recursos contra este injusto impuesto, que hace que los ciudadanos paguemos dos veces por el mismo servicio.

Y a día de hoy, más de 100.300 zaragozanos siguen sin pagar el recibo, pese a las notificaciones de la DGA. Es justa la protesta de los zaragozanos porque construyeron sus propias depuradoras y pagan mes a mes su mantenimiento, es decir, no contaminan y no le deben nada a ninguna administración. Así que, ¿por qué pagar un impuesto a la contaminación cuando se cumplen con las obligaciones marcadas por Europa y por qué pagar por una depuradora que ya está pagada?

Aunque nos pueda parecer que esta “movida” de las gentes de la capital no va con nosotros, nada más lejos de la realidad. El Gobierno de Aragón aprobó en el año 2001 el Plan Aragonés de Saneamiento de Depuración (PASD), para dar cumplimiento a la Directiva Marco Europea del Agua (DMA) que nació como respuesta a la necesidad de unificar las actuaciones en materia de gestión de agua en la Unión Europea. El PASD contemplaba la construcción de depuradoras en varias fases en los municipios aragoneses; la planificación y los cálculos fueron nefastos, pero además eligieron el sistema de Concesión de Obra Pública que encareció el modelo muchísimo. Además, en 2008, el Gobierno Central y el Gobierno de Aragón firmaron un convenio por el que se recibieron más de ciento cuarenta millones de euros, y que los partidos gobernantes entonces en Aragón (PSOE / PAR) decidieron no destinarlos a ese fin, y a día de hoy todavía se desconoce el destino de muchos de esos millones. En vez de dar soporte a los Ayuntamientos, que son quienes tienen la competencia, decidieron crear el Instituto Aragonés del Agua (IAA) para que desarrollase aquello que no podían hacer. Este modelo únicamente fue elegido por las Comunidades Autónomas de Aragón y Madrid, vinculada esta última en el caso Lezo por la gestión del Canal de Isabel II.

Y crearon también SODEMASA, pues el IAA no podía acometer tamaño reto, y entre una y otra, con nula publicidad y prácticamente fuera del control de la Intervención del Gobierno de Aragón, diseñaron el Plan de Saneamiento, una de las chapuzas más colosales que hemos heredado y que suponen el mayor endeudamiento que afrontamos los aragoneses.

Pueblos sin depuradoras con sanciones, depuradoras carísimas que no logran costear, conflictos serios con ayuntamientos y sociedad… y mucha, mucha deuda. En cambio crearon el Instituto Aragonés del Agua, una institución opaca que prometió depuradoras a los ayuntamientos a cambio de sus competencias en la depuración de aguas, que externalizó la construcción y gestión de muchas de estas depuradoras, sobredimensionadas aprovechando el boom de la construcción, disparando los costes de mantenimiento que muchos municipios no pueden asumir. Nos encontramos con pueblos sin depuradoras, pagando este impuesto sin tenerlas, denunciados en muchos casos por no depurar y contaminar, sin competencias, pero sí con responsabilidades.

Además, el Gobierno central nos reclama los ciento cuarenta millones que se recibieron para poner en marcha la depuración que Europa exigía, sin embargo no se invirtieron en aquello para lo que debían ir destinados, sin atender a prioridades de necesidad, sino más bien a las siglas del alcalde de turno.

Para resolver la mala gestión y el interés privatizador de servicios públicos, de los partidos que han gobernado en esta Comunidad Autónoma, tachan de insolidarios a los vecinos de Zaragoza, cuando lo que realmente quieren esconder es el negocio que algunos han hecho a costa de nuestro derecho humano al agua, derecho reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas desde 2010.

De nuevo los ciudadanos de a pie vemos como con nuestros Derechos básicos, fundamentales y humanos (al igual que han hecho con la sanidad, la educación, los servicios sociales, o ahora quieren hacer con las pensiones) son ninguneados. Quienes han gobernado hasta ahora y apuestan por un modelo de gestión privatizador, o quienes poniéndose de perfil lo llaman colaboración público / privada, hacen negocio con nuestros derechos.

Pero también, en los últimos años hemos aprendido que la movilización ciudadana puede parar desahucios, frenar la construcción de hospitales de gestión privada y salir a la calle a defender las pensiones, o como reclaman y defienden los compañeros de RAPA derogar este injusto impuesto, luchando por unos ríos limpios, una gestión del agua pública, por un derecho humano con el que no se haga negocio.

 

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