Sobre las OTRAS (Organización de trabajadoras sexuales)

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Yo no soy sólo yo. Yo soy una mujer, y mi familia, mis amigas, mis compañeras de trabajo… Mis decisiones afectan a otras personas, porque yo no soy sólo yo. Y por eso cuando tomo una decisión, valoro cómo afecta a las personas que me rodean. Por eso mismo nunca podré aceptar que mi libertad individual de elección destruya los derechos de una colectividad. Porque de eso va luchar por la justicia social: anteponer el bien colectivo a las voluntades individuales.

De la misma manera, legalizar una Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) implica muchas cosas. La más grave y trascendental: considerar la prostitución un trabajo como otro cualquiera. No podemos aceptar que se considere un trabajo más. La prostitución no es un oficio para las mujeres, es un privilegio para los hombres.

¿Qué implica que la prostitución sea considerado un trabajo más?

En primer lugar: ¿cómo podemos hablar de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, cuando les estamos dando a los hombres la potestad de comprar nuestros cuerpos? Porque no se trata de vender nuestra fuerza de trabajo, como para cualquier otro trabajo. Se trata de vender nuestro cuerpo sexuado, con las implicaciones de dominación de género que en esta sociedad patriarcal ello conlleva. Vender tu cuerpo no te empodera, vender tu cuerpo hace que no seas dueña de él.

En segundo lugar, con la legalización de este sindicato se busca que las mujeres que ejercen la prostitución sean consideradas trabajadoras. En un trabajo, el cliente manda. En un libre intercambio de trabajo por dinero, quien paga determina cómo y qué demanda. Quien oferta su fuerza de trabajo sólo marca ciertos límites, y estos límites serán tan flexibles como su necesidad económica lo delimite. ¿Dónde podrán poner los límites? ¿Cómo afectará a la percepción que de las mujeres tienen los hombres que pagan por esta dominación?

Pero un sindicato de estas características, además, sirve para “dar el visto bueno” a unos beneficios empresariales obtenidos de la explotación de las mujeres. Su regularización servirá para que la industria del sexo pueda asegurarse un pedazo del pastel, para que el proxeneta sea considerado, también a efectos legales, un empresario con “patente de explotación”.

Además, si reglamentamos la prostitución, integrándola en la economía de mercado, estamos reconociendo que es una alternativa aceptable para las mujeres y, por tanto, si es aceptable, no es necesario remover las causas, ni las condiciones sociales que posibilitan y conducen a las mujeres a ser prostituidas. Todas las mujeres pueden prostituirse en un último extremo por lo que, ¿para qué van a recibir una renta de inserción, si pueden prostituirse? ¿dónde quedará la “libertad” de elección?

Por desgracia hoy todavía el empleo es el principal factor de protección frente a la exclusión social, es la única vía de acceso a los derechos económicos. Pero no es cierto que las prostitutas deban estar desprotegidas del todo si lo eligen “libremente” en estos momentos (todo lo libre que se puede ser en una sociedad donde la solvencia económica es lo único que te salva la vida). Ante una elección libre, una opción sería que se dieran de alta en algún epígrafe del IAE, pagasen sus impuestos y así accediesen a estos derechos vinculados al empleo.

Si queremos erradicar esta violencia machista, esta radical desigualdad de género, tenemos que empezar por mejorar las condiciones socioeconómicas de las mujeres en general, no por legalizar las condiciones de explotación de unas pocas: renta básica, asistencia psico-sanitaria, regulación administrativa para las víctimas de trata, acompañamiento en la inserción socio-laboral. Y para ellos, educación sexual igualitaria y penalizar cualquier intento de compra de relaciones sexuales.

  Alternativas hay. Sólo hay que atreverse a ponerlas en marcha.

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