Cierre de la Central

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El jueves 15 de noviembre aparecía en un medio de comunicación la noticia de que ENEL-ENDESA anunciaba el cierre de la Central de Andorra, y su intención de notificarlo al Ministerio de Transición Ecológica antes del 31 de diciembre del año que nos encontramos.

Esta noticia hacia saltar las alarmas en la cuenca minera, y despejaba la incógnita que durante años mantenia viva la esperanza de que la multinacional italina acometiera la inversión necesaria para adaptar la Central Térmica a las exigencias medio-ambientales marcadas por la Comisión Europea y alargar el periodo de vida de la Central más alla del año 2020. 

Si los planes de ENEL/ENDESA se llevan a cabo, supondrá un duro mazazo para Andorra, para la Comarca, y también para toda la provincia de Teruel y la economía de Aragón. El cierre supondra la perdida de los más de 150 empleos en la central, los casi 300 empleos en las minas de carbón, los cientos de empleos eventuales que cada año se generan con las actualizaciones y revisiones a los que se somete la instalación, más los empleos indirectos que se generan en el sector servicios, todos ellos cifrados entorno a 4000 empleos. 

No hemos de caer en los planes fallidos de  reindustralización que no han dado los frutos suficientes para corregir el efecto monopolizador del sector minero-eléctrico, que en el periodo 2013-2018 sirvieron para destruir 1400 empleos costando al erario público 315 millones de euros.

De manera inmediata, hay que alargar la vida útil de la Central de Andorra para dar tiempo a que se realice una transición justa, no autorizar la solicitud de cierre sin tener una alternativa de futuro para el territorio, y un Plan de Desarrollo Económico que garantice nuevos proyectos e inversiones reales, planificadas, que ofrezcan alternativas de trabajo para la clase obrera de este territorio.

Esta tesitura en la que nos encontramos viene dada por el nulo control que en la práctica tiene el Gobierno de España sobre el sector energético. Un sector estratégico que se terminó de privatizar en la decada de los 90, y que a día de hoy deberíamos recuperar para el control público en su propiedad y su gestión,  debido a su relevancia social, económica y como medida de aprovechamiento racional de los recursos energéticos del país y redistribución de la riqueza.

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