Editorial febrero 2016: Diputaciones, ¿para qué?

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"Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo"  Abraham Lincoln

Parece difícil seguir defendiendo las Diputaciones, instituciones creadas por Javier de Burgos en 1833, sin sonrojarse ni hacer piruetas dialécticas que justifiquen lo que actualmente se hace difícil justificar, como son los 5 niveles administrativo-políticos que tenemos en Aragón (estado, autonomía, diputaciones, comarcas y municipios).

Cuando en 2001 se empezó a crear el actual entramado comarcal de Aragón, uno de los argumentos más potentes que hubo para sacar adelante ese nuevo proyecto territorial fue el prever el progresivo vaciado competencial de las 3 Diputaciones aragonesas. 15 años después, nos encontramos con unas comarcas ya asentadas y unas diputaciones que siguen existiendo sin que el mismo poder político que justificó la aparición de las comarcas en base a la desaparición de las diputaciones, haga nada para que éstas tiendan a desaparecer. Por lo tanto ahora nos encontramos con una duplicidad de funciones, competencias que se solapan y un lio monumental que nos cuesta a los aragoneses millones de euros al año.

El principal escollo para que las diputaciones sigan existiendo es el resorte de poder que sigue emanando de estas instituciones y que los partidos que han ostentado este poder durante todos estos años, no quieren dejar. Y por otra parte la creación, en su momento, de comarcas excesivamente pequeñas hace que sigan mirando a la diputación como el hermano mayor que les  tenga que apoyar en algunas de las competencias que deberían ser parte en todo caso de comarcas mancomunadas (que por otra parte ya existían).

La distribución territorial que impusieron las provincias no reflejaba la realidad socio-económica-histórica-cultural de Aragón por aquel entonces de principios del XIX, ni tampoco lo hace ahora. Y el diseño actual de las comarcas (con 3 mil habitantes algunas de ellas) hacen inviable su gestión y autonomía.

Por lo tanto, si hay sentido común, que es mucho decir, Aragón debería tender a una distribución territorial parecida a los antiguos corregimientos que verdaderamente recogiera la realidad territorial de Aragón y que consiguieran instituciones que verdaderamente fueran útiles a los ciudadanos y que estructuraran de manera coherente este vasto territorio que es Aragón.

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